Dando seguimiento a conocer la historia alrededor de la represa Cerrón Grande, compartimos un breve resumen de uno de los documentos más valiosos en la reconstrucción de su historia. Es un trabajo realizado por la Universidad Centroamericana UCA en 1972. Este documentó, antes de la construcción de la represa, la vida de las comunidades que serían desplazadas. Sus conclusiones fueron contundentes: el proyecto no podía evaluarse solamente por sus beneficios económicos. Había un territorio, comunidades y una forma de vida que estaba por cambiar.
En 1972, cuando Cerrón Grande todavía era un proyecto sobre planos, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas decidió enfocarse en algo que los estudios técnicos no estaban teniendo en suficiente consideración: a las personas y sus formas de vida que vivían en el territorio que sería inundado.
El resultado de este importante estudio fue publicado en septiembre de ese mismo año en un número especial de ECA, Estudios Centroamericanos, dedicado íntegramente al proyecto «Cerrón Grande». El volumen reunía un análisis de la metodología utilizada por la empresa estadounidense HARZA Engineering Company, un estudio sociológico de la población afectada, recomendaciones económicas y sociales y unas conclusiones generales.
La investigación tiene hoy un valor particular para entender el contexto en que se construyó la represa y su relación con Suchitoto. No es solamente un documento sobre una represa construida hace más de medio siglo. Este documento se convierte en una fotografía social tomada antes de que el agua cambiara definitivamente el territorio y la vida de comunidades y miles de pobladores de la zona.
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La represa del Cerrón Grande fue un proyecto demasiado grande para medirse solamente en megavatios de producción y un lago artificial. En su momento la UCA partía de una premisa que hoy -quizá- puede parecer obvia, pero que en 1972 resultaba particularmente importante: un proyecto de infraestructura de esa magnitud no podía analizarse únicamente desde la ingeniería y producción de energía hidroeléctrica.
La UCA consideraba que la construcción de la represa Cerrón Grande tenía implicaciones técnicas, económicas, humanas y sociales. Por eso decidió realizar un estudio crítico del proyecto y profundizar especialmente en aquellos aspectos que, -según sus investigadores-, habían sido tratados de manera superficial: las consecuencias sociales y humanas de la inundación.
La investigación fue realizada con participación de distintas áreas de la universidad y tuvo como responsables principales a F. Xabier Beltrán de Heredia, Manuel Enrique Hinds, Segundo Montes y Román Mayorga Quirós. La investigación sociológica estuvo a cargo de Segundo Montes. La intención de aquella investigación era ambiciosa: comparar costos y beneficios del proyecto, estudiar sus consecuencias sociales y económicas y valorar también las alternativas para producir la energía que el país necesitaba.
Pero en el proceso los investigadores encontraron un problema fundamental: faltaban datos básicos sobre el universo de la población que sería afectada. ¿Cuántas personas iban a perder su territorio? Uno de los hallazgos sobre este tema más reveladores aparece desde las primeras páginas del estudio sociológico.
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La Central Hidroeléctrica del rio Lempa CEL había informado inicialmente que serían afectadas unas 900 familias, aproximadamente 4,500 personas. La UCA consideró que esa cifra era insuficiente. Posteriormente, la cifra manejada por CEL aumentó a 1,500 familias y entre 8,000 y 10,000 personas. Mientras tanto, sectores contrarios al proyecto manejaban cifras mucho mayores.
En este contexto la UCA decidió entonces realizar su propia investigación. Los investigadores entrevistaron a 812 jefes de familia, pertenecientes a tres grupos: pequeños propietarios de tierra, colonos de fincas afectadas y trabajadores de esas fincas que residían fuera del área directamente inundable. Esas entrevistas representaban a miles de personas que vivían o dependían económicamente de los entrevistados.
La propia universidad reconocía las limitaciones metodológicas de la investigación. Pero también señalaba que ni CEL ni los sectores que defendían el proyecto habían realizado un censo o una encuesta sociológica comparable entre los campesinos afectados. Este dato resulta fundamental para comprender el documento: la UCA no estaba trabajando sobre números de una población abstracta. La UCA salió al territorio a preguntarles directamente a los afectados quienes iban a perder sus casas, territorios y formas de vida.
Uno de los detalles destacados de esta investigación es que no se quedó en los escritorios universitarios. Salieron al territorio. Y si bien los caminos, las lluvias y las dificultades de acceso obligaron a modificar la estrategia de campo. Los investigadores aprovecharon los días en que los campesinos se concentraban en determinados centros de población para realizar las entrevistas.
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Existen varios datos interesantes que se rescatan de Suchitoto y su relación con el proceso de la construcción de la represa que aparecen dentro de la investigación. El 25 de junio de 1972, por ejemplo, la mayoría de los campesinos de la zona sur del Lempa se reunía en Suchitoto para asistir a misa, realizar transacciones comerciales y acudir al mercado. Los investigadores aprovecharon esa concentración para entrevistar a los afectados.
También se realizaron investigaciones en lugares como San Francisco Lempa, Areneros, El Trozo, El Salitre, El Paraíso, Santa Teresa y Potonico, además de las haciendas Santa Bárbara y Colima. Esto convierte al documento en una fuente extraordinaria para reconstruir el territorio que existía alrededor de Suchitoto antes del embalse. El documento no solamente registra nombres de lugares. Registra personas, actividades, viviendas, escuelas, relaciones laborales, formas de propiedad y caminos de circulación.
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La identidad antes del dinero
Quizás uno de los resultados más contundentes que se destacan de la encuesta fue la respuesta a una pregunta sencilla: si la represa se construía, ¿qué pedirían a cambio de perder su situación actual? La respuesta predominante no fue dinero. De las 812 personas entrevistadas, 722 —el 89%— señalaron el trabajo como una de sus principales exigencias, mientras 661 —81.4%— mencionaron vivienda. Solamente 201, el 24.8%, incluyeron dinero entre sus peticiones.
Quizá para muchos puede ser relativo, pero en aquel contexto esa diferencia es importante. Para quienes vivían de la tierra, perder el territorio no significaba simplemente perder una propiedad que podía ser tasada en colones. Significaba perder el lugar donde trabajaban, producían, vivían y sostenían a sus familias, eran parte de su identidad.
La encuesta también encontró que 717 de los 812 entrevistados se oponían al proyecto, equivalentes al 88.3%. Solo 27 estaban a favor y 68 se declararon neutrales.
Pero hay otro dato todavía más revelador. Cuando se preguntó si aceptarían trabajar en la represa, 575 respondieron que no. Y cuando se planteó la posibilidad de trasladarse a un trabajo urbano, 520 dijeron que no. La razón parecía evidente: aquellas personas tenían una relación con la tierra y con su territorio que no podía sustituirse automáticamente por un empleo urbano. Tenían identidad territorial.
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Por otra parte, la investigación describe la zona afectada como un territorio con grandes posibilidades agrícolas. Había grandes haciendas y pequeñas propiedades. Muchas haciendas alquilaban tierras a campesinos, pequeños propietarios, colonos y trabajadores. La UCA observó además una profunda desigualdad en la estructura de la propiedad: las tierras más planas y fértiles estaban principalmente en manos de los grandes hacendados, mientras que los pequeños agricultores ocupaban terrenos más quebrados u ondulados.
Esto deja en evidencia que la inundación, por tanto, no afectaría a todos de la misma manera. Los grandes propietarios tenían mayores posibilidades para negociar sus intereses. Los pequeños agricultores, colonos y trabajadores tenían muchos menos recursos para defender los suyos. En ese contexto, la universidad advertía que, si el proyecto se realizaba, el perjuicio proporcional sería mucho mayor para quienes tenían menos recursos y menos alternativas de vida.
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Las casas también formaban parte del territorio
Hay un dato particularmente revelador para comprender qué fue lo que se perdió. Los investigadores describieron las viviendas de la zona. Encontraron que la mayoría eran casas de adobe, amplias, firmes, bien construidas, limpias y con techos de teja. Los ranchos de paja eran escasos. En ese sentido la UCA advertía que, en un país donde ya existía una grave escasez de vivienda, resultaría contradictorio destruir un conjunto de viviendas dignas sin garantizar una solución equivalente.
Esta información evidencia que no se trataba entonces de una superficie despoblada esperando convertirse en lago. En el territorio había casas, familias, cultivos, escuelas. Había relaciones económicas, caminos, comunidades, había una vida cotidiana organizada alrededor del territorio.
Uno de los pocos, pero claro ejemplos documentados fue la escuela del cantón Areneros, que contaba con tres pabellones, doce aulas y 18 profesores, y atendía aproximadamente a 500 alumnos. Dos de los pabellones habían sido construidos con ayuda de la Alianza para el Progreso y el tercero mediante el esfuerzo organizado de los vecinos. Esta escuela era, en sí misma, una muestra de cómo las comunidades habían construido infraestructura y tejido social mucho antes de que apareciera el proyecto hidroeléctrico.
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Progreso vs. desplazamiento
El estudio sociológico encabeza por Segundo Montes llegó a una conclusión que hoy adquiere una enorme fuerza histórica. La UCA consideró que los perjuicios humanos y sociales identificados eran suficientemente importantes como para neutralizar o desequilibrar sustancialmente cualquier ventaja económica que pudiera ofrecer el proyecto, a menos que se cumplieran determinadas condiciones.
Entre esas condiciones estaban: realizar un estudio sociológico completo basado en un censo; publicar un plan concreto de soluciones para las personas afectadas; negociar colectivamente con pequeños propietarios, colonos y trabajadores; proporcionar asesoramiento jurídico; garantizar una reubicación acorde con la forma de vida de las familias; asegurar previamente las condiciones de propiedad o trabajo en los lugares de destino; y considerar los costos humanos y sociales dentro de la evaluación económica del proyecto. Era una idea adelantada a su tiempo: el costo de una represa no debía calcularse solamente en cemento, maquinaria, tierras y dinero. También debía calcularse en vidas alteradas.
Las implicaciones sociales
El documento contiene además una observación política y social que resulta especialmente significativa. Los investigadores percibieron que los campesinos podían estar siendo utilizados por distintos intereses. En sus observaciones de campo registraron mítines, transporte de campesinos, presiones y campañas alrededor del proyecto. Incluso señalaron que en un mitin realizado en Suchitoto no habló ningún campesino y que, según su observación, predominaban los hacendados.
La preocupación central era que los verdaderos afectados terminaran convirtiéndose en instrumentos de una disputa y negociación entre otros actores. La UCA planteó entonces una pregunta que quizá aún conserva vigencia: ¿Quién estaba hablando realmente en nombre de los campesinos? La universidad insistió en que los afectados debían organizarse, recibir asesoramiento y negociar colectivamente sus derechos.
En aquel contexto la UCA pidió detener los trabajos. El estudio no se limitó a formular recomendaciones generales. Sus conclusiones fueron explícitas: el proyecto no podía realizarse tal como estaba presentado por HARZA. Entre las razones señaladas estaban las deficiencias metodológicas, la ausencia de un estudio sociológico completo y la falta de un plan organizado de indemnización y reubicación de todos sus pobladores afectados.
En las recomendaciones, la UCA llegó a plantear que debían suspenderse los trabajos preparatorios mientras se revisaba el proyecto. Consideraba que continuar invirtiendo en la construcción podía generar un compromiso que condicionara posteriormente la decisión sobre si la obra debía realizarse o no. Pero por supuesto el proyecto continuó. Y el agua finalmente inundo más allá de las zonas contempladas.
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Lo que quedó debajo del lago
Hoy, desde las orillas de Suchitlán, puede resultar difícil imaginar aquel territorio. De hecho nadie se detiene a reflexionar sobre estos temas. El lago parece natural para quienes crecieron después de la construcción de la represa. Pero el estudio de 1972 nos recuerda que el paisaje actual es relativamente reciente. No hablamos de miles, ni de centenares de años, hablamos de apenas 50 años atrás. No es una historia antigua. Debajo del embalse quedó un territorio agrícola y habitado. Quedaron casas de adobe. Quedaron caminos. Quedaron escuelas. Quedaron haciendas. Quedaron parcelas. Quedaron comunidades. Quedaron lugares de encuentro. Y quedaron historias familiares que no fueron registradas en los planos de ingeniería.
Por eso el estudio de la UCA constituye hoy una pieza fundamental para comprender las trasformaciones del territorio con la represa del Cerrón Garnde y la importancia de conocer su historia y memoria histórica en la construcción de nuestras identidades territoriales. No solamente porque permite saber cuántas personas estaban allí. Sino porque permite conocer quiénes eran y cómo vivían.
La Central Hidroeléctrica Cerrón Grande fue inaugurada en febrero de 1977, durante el gobierno del coronel Arturo Armando Molina. La documentación consultada sitúa el acto de inauguración el 15 de febrero, aunque algunas fuentes registran el 17 de febrero. La primera unidad comenzó a operar en febrero de 1976 y la segunda en febrero de 1977. La operación comercial formal de la central inicio en marzo de 1977.
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50 años después
El documento de 1972 publicado por la UCA no debe leerse únicamente como una crítica histórica al proyecto. También debe leerse como una advertencia sobre la manera en que se concibe el desarrollo y se construye el futuro. La UCA no se oponía al proyecto, simplemente planteaba críticamente que una decisión nacional de semejante magnitud debía considerar alternativas, costos sociales, dependencia económica, participación popular y distribución de los beneficios. Su conclusión general fue clara: antes de decidir, había que profundizar el estudio y considerar todos esos elementos.
50 años después, la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande existe. El lago Suchitlán es uno de los humedales más importantes del país, con un reconocimiento RAMSAR y forma parte inseparable del paisaje de Suchitoto. Y eso no cambia la historia. El documento es una valiosa fotografía de aquellos años y las consecuencias de un proyecto que hizo desaparecer a comunidades y transformó por completo el territorio. Un recordatorio para no olvidar que antes de ser lago, aquel lugar fue una geografía humana, que hoy guarda sus historias bajo las aguas oscuras del tiempo.
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–Fuente documental: ECA: Estudios Centroamericanos, Vol. 27, núm. 286-287, septiembre de 1972, “Estudio del proyecto ‘Cerrón Grande’”, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Consultar el número completo de ECA sobre Cerrón Grande (1972)
