El 2 de julio de 2007, Suchitoto vivió uno de los momentos más duros en la lucha por la defensa del derecho humano al agua en el país. En esa fecha el entonces Presidente de la República  señor Elías Antonio Saca escogió el Municipio de Suchitoto para el lanzamiento de la política  de descentralización de servicios públicos  incluido el del agua. Tal anuncio en aquel entonces fue interpretado por la opinión pública y las comunidades, como una expresa intención gubernamental de poner en manos privadas el servicio de agua potable, lo que provocaría el consecuente alza de tarifas, y por tanto, la falta de acceso para los sectores más empobrecidos del país, ya de por sí excluidos de los servicios básicos.

Ante ese hecho la población, organizaciones comunitarias locales y de otros  municipios, ejerciendo sus derechos consagrados en la Constitución, se movilizaron para manifestarse  en contra de la inminente privatización del agua.
Como respuesta, el Gobierno ordenó reprimir la protesta mediante el uso excesivo e ilegal de la fuerza ejercida por la Unidad de Mantenimiento del Orden UMO, Policía Nacional Civil y por Unidades Élite  de Asalto Policial; ademas de ser movilizadas unidades de la Fuerza Armada, incluyendo vehículos militares con armas de grueso calibre y helicópteros.

Los manifestantes pretendían entregar al máximo mandatario salvadoreño una carta de demandas, así como celebrar un Foro de debate sobre las políticas privatizadoras del Gobierno.

Pero la policía y militares reprimieron durante horas la movilización social y Suchitoto se mantuvo militarizada desde tempranas horas de la madrugada, convirtiéndose  en el escenario de una actuación “caracterizada por el abuso de la fuerza contra la población civil”, según denunció la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo en aquel momento.

La represión policial abarcó diversas zonas de la localidad. Los manifestantes fueron dispersados a golpes con balas de goma y gases lacrimógenos y pimienta. Incluso varias viviendas fueron asaltadas. Los manifestantes huyeron por los montes cercanos mientras la policía continuaba su persecución por la zona durante cuatro horas con apoyo de helicópteros.

Según los medios informativos  de esos días, el balance final fue de 43 personas heridas -25 por balas de goma y 18 con afecciones graves por el gas pimienta- y 14 detenidas. Entre las arrestadas destacaron: Marta Lorena Araujo, Rosa María Centeno y María Haydée Chicas, presidenta, vicepresidenta y responsable de comunicación de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), una de las organizaciones de base más importante del país. Todas fueron detenidas al ser interceptado el vehículo en el que viajaban hacia el municipio .
Los 14 detenidos fueron  acusados de participación en asociaciones ilícitas, desórdenes públicos y actos de terrorismo. Meses después fueron liberados y eximidos de los cargos.

Estos sucesos ocurridos hace once años son un breve ejercicio  de memoria histórica, que  nos recuerdan el compromiso  del municipio  en la defensa del derecho al agua, pero también son un reto para las actuales generaciones  ante las nuevas amenazas  de privatización  del vital líquido.

Les dejamos este corto reportaje de canal 67 de los hechos ocurridos el 2 de julio de 2007.