Organizaciones defensoras de derechos humanos esperan que Pablo Dolores Henríquez Ayala, de 71 años, sea condenado por violencia sexual agravada continuada, la que cometió contra Imelda Cortez, su hijastra, durante siete años.
Las organizaciones lamentan que en el caso contra Pablo, la Fiscalía General de la República no ha sido diligente y ha retrasado la aplicación de la ley. Imelda Cortez es sobreviviente de violencia sexual en este caso, el que la FGR no quiso investigar cuando ella puso la denuncia por vez primera, cinco días después de haber sido detenida. Ella tuvo que presentar la misma denuncia en tres ocasiones, ante tres instituciones distintas -Policía Nacional Civil, Fiscalía y Ciudad Mujer- y la FGR se tardó casi un año en detener al septuagenario. De hecho, la acusación formal fue presentada hasta el pasado 11 de octubre.
Pablo Henríquez, de 71 años, fue detenido el 16 de marzo del 2018. Sin embargo, Imelda fue detenida la misma tarde que fue ingresada al Hospital Nacional de Jiquilisco. Ella llegó a emergencias, luego de experimentar un parto extrahospitalario en la letrina de su casa. En ese instante, la policía la detuvo por aborto culposo; cuatro días después, la Fiscalía cambió la acusación a homicidio agravado en grado de tentativa. La Fiscalía en ningún momento ha querido considerar que la joven quedó embarazada producto de la violencia sexual y sin ninguna prueba científica ni testimonial armó rápidamente un caso en su contra, no así para acusar a Pablo.
Esta no es la única anomalía de parte de la Fiscalía en el proceso en que Imelda es sobreviviente de violencia sexual. La fiscal que estaba a cargo del proceso, se negó a practicar la prueba de ADN que permitió comprobar la violencia sexual y la paternidad. De hecho, ese peritaje fue realizado a solicitud del equipo jurídico que defiende a Imelda. Asimismo, la Fiscalía solicitó reserva total en el caso contra Pablo, lo cual favorece evidentemente al agresor sexual.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos expresan su preocupación porque no se siga el debido procedimiento contra Pablo de Dolores Henríquez Ayala por el delito de violación en menor o incapaz, agravada y continuada, dado que el juez a cargo de la audiencia preliminar aceptó la reserva total. A las defensoras de derechos les preocupa este letargo de las autoridades fiscales y exige que cumplan con sus atribuciones y funciones constitucionales.
En caso de dictarse sentencia condenatoria en contra del Pablo Henríquez, las organizaciones exigen se le condene a pagar en concepto de indemnización civil a favor de Imelda Cortez, el monto de $150 mil dólares más las respectivas costas procesales. Ella fue absuelta, luego de que el juez de sentencia de Usulután, Hugo Noé García, reconociera su inocencia el 17 de diciembre del 2018, fecha en que recuperó su libertad. La Audiencia Preliminar en el caso de Pablo Henríquez está programada para este miércoles 16 de enero de 2019, en Juzgado de Primera Instancia de Jiquilisco.
