La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto es una organización que basa su trabajo en la defensa de las mujeres que han sido procesadas por emergencias obstétricas, también ha estado involucrada en la lucha por el caso de Manuela. Ahora, la Agrupación continúa dando seguimiento al caso y que sea aplicada la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Compartimos una entrevista con Alberto Romero, integrante de dicha organización, quien brinda valoraciones sobre el caso, la resolución de la Corte IDH y el silencio que sigue guardando el Estado.

En pocas palabras, ¿qué ha significado para la organización la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Nosotros creemos que es una sentencia histórica, pues por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos aborda un problema de este tipo. El caso de Manuela no es un hecho directamente relacionado con el aborto, sino que en un contexto de penalización absoluta del mismo donde se condiciona a los operadores de salud, seguridad y justicia, Manuela es un ejemplo que el Estado no puede ni debe condenar a una mujer por emergencias obstétricas, tal cual deja claro la resolución de la CIDH  que expone, además, la violación sistemática de sus derechos.

En este sentido, la sentencia dictamina medidas de reparación para ella y su familia que el Estado debe satisfacer, en primera instancia, publicando la resolución de la CIDH en el diario oficial y hacer un acto público donde se pida perdón a Manuela y su familia, además de darle atención médica preferencial pública y privada a sus padres que son mayores, además de becas de estudios a sus hijos. De hecho, la misma resolución es un instrumento de reparación, pues el máximo tribunal de justicia americano le dio la razón a Manuela. El mismo hijo de ella dijo simbólicamente: «Se ha hecho justicia y se ha limpiado el nombre de mi mamá».

Después de todo esto, prosiguen las medidas de no repetición, es decir, que el Estado garantice que las arbitrariedades cometidas contra Manuela no se den con ninguna otra mujer en el presente y futuro. A partir de ahí debe normar el respeto profesional, capacitación de abogados, jueces y personal médico para abordar hechos de este tipo. Además de no seguir juzgando a las mujeres con estereotipos de género, pues a ella se le condenó por lo que «no hizo», es decir, el rol de mártir que la sociedad le exige a las mujeres, su instinto materno. Por supuesto, esto nos dará mucho trabajo, pero, al mismo tiempo, fuerza para continuar en esta lucha.

¿El caso Manuela representa un precedente histórico para la justicia hacia las mujeres en el país y Latinoamérica?

Nosotros creemos que sí, en el sentido de que sabemos que son caminos largos, pues el caso de Manuela se presentó a la CIDH en el 2010, pasaron 11 años para saber la resolución. No es el escenario ideal, pero somos conscientes que la implementación puede tardar años, es lenta.

¿Qué sigue después de esta sentencia?

La sentencia está en manos del Estado. Dicha sentencia fue enviada tanto al Estado mismo como a nosotros los demandantes que apoyamos a Manuela. Sabemos que ya fue recibida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que ha elaborado copias para enviarlas a todas las dependencias del Estado implicadas en el caso debido a su necesidad de cumplimiento inmediato, por ejemplo, el Ministerio de Salud para atender la salud de los padres de Manuela y el Ministerio de Educación para las becas de sus hijos. Los demás componentes de la resolución tienen alrededor de un año de plazo para comenzar a satisfacer las demandas.

¿Qué deberíamos esperar en relación con las reformas que el Gobierno debe hacer tanto en el Ministerio de Justicia como el de Salud?

Nosotros pensamos que no son cosas complicadas en su realización, pues hay protocolos de atención a emergencias obstétricas o situaciones parecidas a las que sufrió Manuela. En cualquier libro de medicina se dictamina lo que hay que hacer en el caso de embarazos ectópicos, y en casi todos los países existen dichos protocolos para atender a embarazadas con este problema.

Es sencillo cambiar esto, pero se necesita voluntad política para hacerlo. El Gobierno actual dice que está para resolver lo que no se hizo antes, entonces es la oportunidad perfecta para mejorar nuestro sistema de salud y justicia. Una situación de ganar y ganar.

Han pasado semanas desde que se conoció la resolución, ¿cómo interpreta el silencio del Estado al respecto con eso?

En un principio me hubiera fascinado que inmediatamente dijeran que la respetarían y acatarían, pero entiendo que deben estudiarla, analizarla y digerirla. De hecho, que no dijeran nada, dígase rechazar, también me parece un acto de madurez teniendo en cuenta la manera visceral con la que reacciona este Gobierno. Estamos claros, además, que las fechas de fin de año en las que se da a conocer ralentizan más los procesos gubernamentales. Sería bueno, por supuesto, poder organizarnos más para agilizar estos trámites.

¿Qué pasaría si el Estado incumple con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿A qué tipo de sanciones podría enfrentarse?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos no abandona sus sentencias. Tiene un equipo que revisa y se cerciora de que la maquinaria para cumplir las sentencias esté en marcha. Además, también acompaña con sugerencias a los Estados para garantizar su cumplimiento. Entonces, existe una presión perenne sobre el Estado para que acate los dictámenes. Obviamente, como dependencia de la Organización de Estados Americanos, la CIDH no tiene una policía o un ejército para obligar de esa manera a los Gobiernos, ni sería correcto que lo hiciera, aunque el Estado es libre, debería cumplir como firmante del Pacto de San José donde se comprometió a cumplir dichas sentencias. Ni la CIDH ni los demandantes dejaremos a un lado esta lucha.

Ante todo lo expuesto, ¿cómo podríamos como sociedad civil exigir al Estado salvadoreño el cumplimiento de la sentencia?

Creo que es vital la difusión. Informar objetivamente, que la sociedad entienda y comprenda los problemas a partir del análisis de las posturas. Si queremos ser un país creíble, debemos ser rigurosos con la información para formar un criterio amplio entre la ciudadanía. Todos tenemos derecho a estar en desacuerdo, pero también a saber cómo es la realidad sobre las causas y consecuencias de la penalización del aborto.

Por Luis Castillo