Durante años los habitantes de las comunidades de Suchitoto han señalado y demandado los daños provocados en el medio ambiente, y la fuerte organización social les ha llevado a mantener una lucha constante por proteger los bienes naturales de la localidad. Una de las fuentes más grandes de contaminación que han tenido las comunidades: Aguacayo, Zacamil I y II y El Bario, según lo indican sus pobladores, ha sido la “Granjita El Progreso”, una empresa porqueriza ubicada en el Cantón Platanares, de la carretera que conduce de Suchitoto hacia Aguilares.

Antecedentes indican que esta misma empresa causó daños en el río Titihuapa, en el municipio de Ilobasco, Cabañas. Esta realidad no estaba del todo alejada de Suchitoto o más bien indicaba de manera temprana lo que le esperaba a los ríos cercanos a la granja: contaminación por heces de cerdo.

En el año 2018 los habitantes, acompañados por algunas organizaciones sociales de Suchitoto, denunciaron ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN la contaminación que produce la granja, a su vez exigían a la municipalidad pronunciarse ante los hechos que ocurrían en la zona y que afectaban a la población. Esta denuncia trascendió a una inspección ocular en las instalaciones de la empresa, fue realizada por técnicos del MARN, pero no tuvo un resultado positivo para la comunidad. 

En el año 2019 la población identificó que la empresa estaba lanzando residuos fecales en la quebrada El Chaparral de la comunidad El Bario, esta es una de las que se encuentra más próxima a las instalaciones de la “Granjita El Progreso”. También se han realizado estudios en el agua que consumen los pobladores de la comunidad antes mencionada, se presumía que esta estaba contaminada y que era el origen de las enfermedades gastrointestinales que aquejaban a los habitantes. Uno de los estudios realizados en el 2020 arrojó que el agua se encontraba contaminada por un grupo de bacterias.

Durante todo este tiempo la población ha sido acompañada en sus luchas sociales únicamente por las organizaciones del municipio. Es hasta ahora, septiembre 2021, donde han recibido el apoyo y acompañamiento del gobierno municipal.

La población ha continuado señalando que la granja sigue provocando contaminación ambiental y que lo hacen de manera consciente. En razón a esto, enviaron una solicitud al actual Concejo Municipal de Suchitoto para que diera seguimiento al problema de contaminación que ocasiona la empresa en las comunidades aledañas a ella. Como respuesta, el Concejo en pleno tomó como acuerdo que, para solucionar el problema que acongoja a las comunidades, debían hacer una inspección en el interior de la granja.

El día 24 de septiembre del corriente año se tenía prevista la inspección técnica en el terreno, esta iba a ser realizada por el Equipo Multidisciplinario de Biólogos de la Universidad de El Salvador. Ese día en las afueras de la granja se encontraban representantes del Movimiento Unidxs por el Agua en Suchitoto, miembros de las comunidades afectadas, el alcalde Denys Miranda, diputado suplente por Cuscatlán Salvador Alas, los Concejales Orbil Reyes y Saúl Callejas; así como también la Unidad Ambiental, Comisión de Medio Ambiente Municipal y la Unidad de Salud de Suchitoto.

“Nuestra postura como Concejo Municipal ha sido clara (…) vamos a resguardar nuestros recursos y vamos a estar del lado de nuestra gente. El apoyo de la municipalidad lo tienen y nosotros esperamos contar con el apoyo de ustedes para las situaciones que se nos puedan venir”, Denys Miranda, alcalde.

Para realizar la inspección, el Concejo Municipal ha tomado las atribuciones que les corresponden según el Código Municipal en el artículo 4, numeral 12, el cual determina que es competencia de la municipalidad “la regulación de la actividad de los establecimientos comerciales, industriales, de servicio y otros similares”. Así como también de la Ordenanza para la Protección y Conservación del Recurso Hídrico del Municipio de Suchitoto la cual dice en su artículo 11 que “la Municipalidad, a través de la Unidad Ambiental, debe velar que los propietarios y poseedores de inmuebles den mantenimiento y protección a muros de contención si existieran y fomentar la siembra de vegetación protectora en las riberas de los ríos y quebradas, con el objetivo de evitar su desbordamiento”.

El técnico de la UES dijo que lo que les interesaba conocer en la inspección era el procesamiento que la granja porcina le está dando a los residuos, así como lo relacionado al agua, lagunas de oxidación, tratamiento de desechos sólidos y el biodigestor. “Vamos a preguntar sobre los procesos para ver si coincide con el estudio de impacto ambiental, si han aumentado el volumen de producción (…) Hay una producción exagerada de nitrógeno, y sí, una parte se puede usar para abono, pero también el suelo no aguanta con tanto”, agregó el biólogo.

Los presentes solicitaron el ingreso a la “Granjita El Progreso”, solicitud que fue denegada a pesar de contar con las facultades que la ley les otorga. El supervisor de la granja, Ing. Herbert Valladares, alegó que la entrada al lugar no era posible debido a la amenaza de “una peste porcina africana”. Valladares dijo que esta situación restringe el ingreso, de personas externas, a las instalaciones de la granja, “la representante legal nos ha mencionado que ni la alcaldía, ni un diputado puede pasar sobre la orden de un ministerio, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual ha puesto esa restricción”, agrega. 

A esto, el alcalde Denys Miranda respondió: “es importante que entiendan el problema que van a tener de no cumplir con las leyes. Lo que les solicito yo es que nos hagan el favor de darnos los documentos para que podamos ver que lo que dice es real”.

Para emitir una solución que subsane la situación de las comunidades afectadas y que constate la contaminación que produce la granja, el Concejal Saúl Callejas manifestó que necesitan observar cómo está funcionando la empresa, por tanto, si la empresa se niega a abrir sus puertas, “no podemos emitir un criterio desde el Gobierno Municipal”, expresó.

Ante la situación los asistentes buscaron asesoría de un juez ambiental, este dijo que de no dejarles entrar, debían levantar un acta y en ella citar que no les permitieron el ingreso a las autoridades municipales, con esta acta deben interponer una denuncia por daños ambientales en el Juzgado Ambiental de Santa Tecla, San Salvador. Ahí deben dictar una resolución y como medida cautelar el Juzgado debe ordenar a través de una orden judicial que la Unidad Ambiental de la alcaldía de Suchitoto haga una inspección. “El juez puede apersonarse a hacer la inspección, pero también le va a ordenar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, acompañados de la Policía Nacional Civil de Medio Ambiente, que vaya a hacer la inspección y también le va a ordenar al Ministerio de Salud que vaya a hacer la inspección. Ahí va a haber una orden de que si no quieren dejar entrar, la policía va a entrar a hacer la inspección para verificar todo eso”, explicó el juez ambiental de Oriente.

Tiempo después el supervisor de la granja, Ing. Valladares, salió del interior de la empresa con la  documentación que hacía referencia a la “peste porcina”, la cual usó como alegato para no permitir el ingreso de ninguna persona externa a las instalaciones. Efectivamente existía un acuerdo decretado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual contenía artículos basados en la Ley de Sanidad Vegetal y Animal. Sin embargo, el contenido del acuerdo 357 emitido por el ministerio no mencionaba una restricción específica para la empresa El Progreso, sino que más bien hablaba de medidas y recomendaciones generales para las empresas que se dedican a la producción porcina en El Salvador.

“Esa es una decisión de la empresa, ¿verdad? (…) No hay algo legal que diga que no podemos entrar. Ustedes como empresa han tomado la decisión de no dejarnos entrar, le digo esto porque están violando el código municipal y la ordenanza que tenemos en el municipio al no dejar entrar a las autoridades municipales”, Saúl Callejas, Concejal.

“Como propiedad privada, que es la empresa, para ingresar necesita el dictamen de un juez, en este caso va a tocar de un ministerio”, respondió Valladares.

En ese momento surge una nueva exigencia de la población presente. No es un secreto que hasta hace algún tiempo esta granja porqueriza no contaba con los permisos pertinentes, desde su instalación en la comunidad ha operado sin los permisos requeridos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Ministerio de Salud. Ante la inquietud de la población por conocer si esta ya cuenta con dichos permisos, exigieron en repetidas ocasiones que les mostraran la documentación legal que les autoriza operar. La respuesta fue que están en trámites para su obtención. La empresa sigue operando de manera ilegal.

La población permaneció en el lugar esperando la llegada de la representante legal de la empresa, Claudia Escobar Orellana, para dialogar con ella el ingreso al interior de la granja.

Si bien es cierto que, como ya se ha mencionado, el Concejo Municipal necesitaba conocer la situación interna de la granja, también era importante que realizaran una inspección en los alrededores de esta. Por ello, ante la negativa de la empresa, se creó una pequeña comisión integrada por Unidxs por el Agua, Unidad Ambiental, Comisión Municipal de Medio Ambiente, biólogos de la UES, Unidad de Salud y habitantes de la zona, para que pudieran recoger evidencias de las condiciones en las que se encuentran los terrenos cercanos a la “Granjita El Progreso”. “Lo que hemos hecho ahora también los pone a ellos (granja) en alerta y en un corto plazo van a tener en óptimas condiciones el funcionamiento de la granja; si hacemos la inspección ahorita podemos tener esa valoración”, dijeron.

Iniciaron el recorrido por los caminos de El Bario, una de las comunidades que más se ha visto afectada por la contaminación que produce la empresa. Encontraron una sustancia verdosa cerca de una de las quebradas que colinda con la granja, el especialista de la Universidad de El Salvador que acompañaba la inspección en el terreno dijo que eso estaba siendo provocado por la cantidad excesiva de nitrógeno que es vertida en el suelo como abono.

Mientras tanto, el otro grupo se encontraba dialogando con la representante legal de la empresa, no logrando obtener acceso al interior de la granja, a pesar de tener un respaldo de los artículos contenidos en el Código Municipal y la Ordenanza de Protección y Conservación del Recurso Hídrico.

A eso de la 1:00 p. m. Claudia Escobar Orellana le propuso al alcalde Denys Miranda estructurar una reunión más formal con las autoridades municipales para la creación de una mesa técnica. El alcalde dijo que lo conversaría con su Concejo Municipal.

El acuerdo tomado por quienes se encontraban en el lugar fue proseguir con lo que el juez ambiental les recomendó, levantar un acta y hacer la denuncia ante el Juzgado Ambiental. Esta fue firmada por las autoridades municipales, mientras que la representante legal de la “Granjita El Progreso” se negó a firmar, justificando su negativa con que no estaba de acuerdo con lo plasmado en el acta, dejando únicamente plasmado en el documento que había recibido el acta.

Por Carolina Mena