Más de 17 mujeres permanecen encarceladas por perder su embarazo en emergencias de salud
Tribunal de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Cojutepeque otorgó el beneficio de la libertad condicional anticipada a Sara, Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) no desistió de su derecho de interponer un recurso contra la resolución del juez.
El 8 de octubre de 2012, Sara fue detenida. Era una joven de 18 años, estaba a punto de finalizar su bachillerato. Trabajaba en labores del hogar para financiar sus estudios desde niña. En su casa de una zona rural de un municipio del departamento de Cuscatlán, tropezó y se cayó, lo que provocó lesiones graves, sangrado y la pérdida de su embarazo. “No me fijé que había un pedazo de jabón en el suelo y me deslicé. Caí sentada. Lo siguiente que recuerdo es estar en el hospital. Me habían metido en el área donde tenían a todas las mamás y los niños, así que empecé a preguntar por mi hija; pero nadie me decía nada, solo que no me tenía que mover porque estaba muy mal de salud, que estaba sangrando demasiado. Así seguimos dos días. El doctor explicaba que no me podía dar referencia. En la audiencia me acusaron de homicidio agravado”, dijo Sara en una entrevista.
Sara se sentía emocionada por estar embarazada por primera vez y quedo devastada por el accidente. Mientras se recuperaba en la cama del hospital público, fue detenida por la policía, acusada injustamente de abortar y condenada a 30 años de prisión por homicidio, el 12 de septiembre de 2013. Su caso, marcado por irregularidades y violaciones al debido proceso, ha sido ampliamente criticado por organismos internacionales de derechos humanos y está lejos de ser el único, puesto que un total de 17 mujeres están actualmente privadas de libertad por situaciones similares a la que enfrentó Sara. Se presentaron varios recursos judiciales y le fue otorgada enero de 2020 la conmutación de la pena, reduciéndola de 30 a 10 años de prisión, y podría recuperar su libertad hasta el año 2022. Pero es injusto que continúe privada de libertad por más tiempo. La defensa técnica solicitó, la libertad condicional anticipada, para que pueda regresar con su familia y reiniciar su proyecto de vida.
Las organizaciones que luchan por la protección de los derechos de las mujeres en El Salvador y en la región celebran la decisión del juez de vigilancia penitenciaria, pero lamentan que la FGR no haya desistido de su derecho a recurrir la resolución; tiene cinco días para interponer el recurso, luego la defensa tiene el mismo plazo de tiempo para responder y será una instancia superior que resuelva.
Cada uno de estos casos evidencia las consecuencias de la penalización absoluta del aborto, provocando que el Estado abandone a estas mujeres en el momento que más necesitan protección y acceso a la salud, y, por el contrario, son perseguidas penalmente, en procesos plagados de irregularidades y vulneración del debido proceso. El Salvador debe detener la persecución sistemática y el encarcelamiento indebido de mujeres vulnerables que pierden sus embarazos por abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas.
“Sara nunca mereció estar en prisión, y ha sido encarcelada injustamente durante 9 años cuando debería haber estado con su familia mientras lamentaba la desgarradora pérdida de su embarazo”, dijo Morena Herrera, reconocida feminista salvadoreña, activista por la justicia social y defensora de derechos humanos. “Continuaremos exigiendo la eliminación de las prohibiciones extremas e inhumanas del aborto que conducen a estas injusticias en primer lugar. El Salvador tiene la obligación de proteger la salud y la vida de sus mujeres y niñas, y eso debe incluir el fin de esta draconiana prohibición del aborto que les falla a las mujeres y conduce a la injusticia”.
