El Estado salvadoreño tiene una deuda con las niñas, las mujeres y las adolescentes no les permite salvar su vida y salud, ante embarazos de riesgo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la oportunidad de cambiar la historia y reparar las injusticias que enfrentan las mujeres que tuvieron una complicación en el embarazo y transitaron del hospital a la cárcel.
Esta es la historia de Manuela, una mujer salvadoreña que no sabía leer ni escribir, con escasos recursos económicos, fue mujer que sufrió violaciones en sus derechos fundamentales. 33 años tenía cuando aquel 26 de febrero de 2008 un fuerte dolor abdominal hizo que fuera al baño de fosa en su vivienda, al evacuar se desmayó, Manuela sufrió una emergencia obstétrica y ni siquiera lo sabía.
Cuando despertó se hallaba en la cama de un hospital, el personal médico la había denunciado por el delito de aborto y fue capturada cuando todavía permanecía hospitalizada. No siendo suficiente esto, su familia fue atemorizada y obligada a declarar en su contra.
La justicia salvadoreña la condenó a 30 años de prisión por un aborto involuntario, pero calificándola por cometer un homicidio. En prisión su salud se fue deteriorando poco a poco y un año después de permanecer cumpliendo una condena injusta, fue diagnosticada con cáncer linfático, y al no recibir el tratamiento que requería, la enfermedad cobró su vida el 30 de abril del año 2010, dos años después de ser condenada Manuela murió privada de su libertad. Sus dos hijos de 9 y 7 años quedaron en orfandad bajo la tutela de los padres de Manuela, acompañados de una precaria situación económica que dificultó los cuidados de los niños. Doce años después y diez años sin Manuela, el caso se mantiene impune y sus familiares siguen a la espera de justicia y reparación.
Este miércoles 10 y jueves 11 de marzo de 2021 se está llevando a cabo la audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso “Manuela y familia VS. El Salvador”, al finalizar la audiencia, la corte tendrá un máximo de 6 meses para dar una resolución ante el caso. Un posible escenario deja al Estado salvadoreño como culpable por fallas en los sistemas judiciales y la vulneración humanos de Manuela y su familia. También, este caso tiene un importante significado para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, y en especial los derechos sexuales y reproductivos, ya que de resultar favorable la sentencia, esta abriría el camino de la despenalización del aborto en El Salvador, por eso el caso de Manuela significa, para las niñas y mujeres que sufren embarazos impuestos o emergencias obstétricas, esperanza y justicia.
Este martes 10 de marzo de 2021, el movimiento nacional de deferechos humanos y feministas con el apoyo de cientos de personas convirtieron el hashtag #ManuelaJusticiaYEsperanza en tendencia en twitter.
Desde 1998 el código penal de El Salvador prohíbe el aborto de manera absoluta, y se considera como un delito aunque este ponga en riesgo la vida de la madre, pero lo cierto es que este hecho violenta los derechos humanos de las mujeres. Desde ese año hasta el 2019, 181 mujeres han sido procesadas por sufrir abortos involuntarios, recibiendo condenas de hasta 40 años de prisión, porque la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) cambian la tipificación del delito a homicidio.
Pero, ¿cuáles son las consecuencias de la penalización del aborto en el país? Nos encontramos ante un escenario injusto que juzga, persigue y criminaliza principalmente a las mujeres en situación de pobreza, con grandes desigualdades sociales, y con difícil acceso a servicios de salud pública. Las consecuencias que la penalización del aborto ha traído en la salud y vida de las mujeres han sido graves; muchas mujeres fueron víctimas mortales de un estado que no las deja decidir sobre sus propios cuerpos, negándoles la posibilidad de interrumpir embarazos que ponen en riesgo su vida y en el peor de los casos dejando a sus hijos ya nacidos en desamparo.
