El 3 de octubre de 2025 el Gobierno de El Salvador, por instrucción del presidente y a través de un memorando firmado por la ministra de Educación, dispuso la prohibición del llamado “lenguaje inclusivo” en todos los centros educativos públicos y dependencias del Ministerio de Educación. La orden, difundida en redes por la titular del ramo, indica que expresiones como “amigue”, “compañere”, “niñe”, “alumn@”, “jóvenxs” o cualquier deformación ortográfica que aluda a la “ideología de género” no serán admitidas en comunicaciones, materiales didácticos ni circulares oficiales.
La medida llega envuelta en argumentos que apelan al “buen uso del idioma” y a la “protección de la primera infancia” frente a supuestas injerencias ideológicas. En la prensa y en los mensajes oficiales se subraya que la prohibición busca “consolidar una comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa” y evitar lo que el Gobierno califica como deformaciones lingüísticas. El memorando, según las fuentes, fue enviado a directores, supervisores y personal administrativo de todo el país y tiene carácter de cumplimiento obligatorio en el sistema público.
Estas decisiones no ocurren en el vacío: convocan a un debate profundo sobre la función de la escuela en la construcción de ciudadanía, sobre los límites entre la regulación estatal y la libertad de expresión, y, sobre todo, sobre el significado simbólico y real que tienen medidas así para las mujeres, las juventudes disidentes y los colectivos LGBTIQ+. La prohibición del lenguaje inclusivo no es sólo una norma técnica sobre grafías o terminología; es una señal política con efectos prácticos en procesos de visibilización, reconocimiento, igualdad y protección social.
Retrocesos simbólicos con efectos materiales
En los últimos años, el uso de formas inclusivas (morfológicas o discursivas) había dejado de ser únicamente una experimentación académica para convertirse en una herramienta de reconocimiento simbólico en organizaciones, movimientos sociales y algunos espacios educativos. Para muchas personas y comunidades, que la institución escolar reconozca, valide y utilice lenguaje que reconoce la diversidad de identidades es una pequeña, pero poderosa, forma de decir “existes” y “eres bienvenida/o/x”. Retirar ese reconocimiento desde la autoridad estatal equivale a negar una parte de la existencia simbólica de quienes ya enfrentan marginalización y estereotipos. Aquí no se trata sólo de “palabras”, sino de cómo las palabras contribuyen —o niegan— la dignidad de sujetos concretos.
Además, cuando el Estado articula la protección de la “primera infancia” como argumento único para vetar ciertos modos de nombrar, se impone una visión paternalista sobre qué es lo que niños y niñas “deben” aprender y quién decide qué narrativas son aptas para su formación. En sociedades donde el acceso a la educación pública es desigual y donde los espacios de socialización pueden ser los pocos lugares en que un o una joven encuentre reconocimiento, las normas que limitan el lenguaje pueden traducirse en prácticas de exclusión dentro de las aulas y promover la discriminación.
El rostro de la política cultural y la guerra por la norma
Las lenguas evolucionan por usos sociales; los Estados fijan normas para procedimientos oficiales, pero también usan la norma lingüística como herramienta de poder. Prohibir el lenguaje inclusivo desde el Ministerio de Educación es, por tanto, una intervención política sobre qué versiones del mundo son legítimas en la esfera pública. En contextos donde la discusión sobre género y diversidad ha sido politizada, la medida aparece como parte de una estrategia más amplia de definición cultural que marca fronteras: quién pertenece y quién queda fuera.
Para los movimientos de mujeres y los colectivos LGBTIQ+, estas decisiones forman parte de una larga lista de tensiones: visibilidad vs. invisibilización, derechos vs. retracciones simbólicas, espacios ganados vs. espacios cerrados. La prohibición no resolverá discusiones complejas sobre identidad o gramática —y no pretende hacerlo—; su alcance real es político: deslegitimar prácticas sociales que buscan nombrar la diferencia y lograr mejores espacios de justicia e igualdad.
La reflexión: pedagogía de la inclusión o pedagogía del control
Prohibir no es lo mismo que educar. Si el objetivo genuino fuera proteger a la infancia, la respuesta educativa sería invertir en formación docente en educación sexual integral, derechos humanos y convivencia; promover materiales pedagógicos que expliquen la diversidad con perspectiva científica y de derechos; y abrir espacios de diálogo con familias y comunidades. Las medidas punitivas y las prohibiciones, en cambio, ofrecen una salida rápida a conflictos culturales, pero generan daño simbólico y práctico: ahogan procesos de reconocimiento que tardaron años en construirse.
La pregunta que queda abierta es por el tipo de sociedad que queremos construir: una en la que el Estado proteja la diversidad y forme para la convivencia con respeto, o una que, frente a la complejidad social, recurra a la imposición normativa para homogenizar identidades y lenguajes. Las palabras importan —son herramientas de inclusión o exclusión— y decidir desde el poder qué se puede nombrar es decidir qué vidas serán visibles y cuáles serán empujadas hacia la sombra.
Si el espíritu de la escuela es formar ciudadanos críticos, empáticos y con herramientas para convivir con la diferencia, entonces la política pública debería apostar por el diálogo, la educación y la reflexión, no por la prohibición. En un país que enfrenta desafíos sociales y necesita fortalecer la cohesión, cualquier retroceso en la visibilización de mujeres y grupos LGBTIQ+ es una mala inversión: empobrece la conversación pública y reduce la capacidad de la comunidad educativa para responder con humanidad a la realidad diversa de sus estudiantes.
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Nombrar para existir: el poder del lenguaje en sociedades que buscan transformarse
Hay un principio sencillo pero profundo que atraviesa las luchas sociales de mujeres y colectivos LGBTIQ+: si no se nombra, no existe. El lenguaje es mucho más que un conjunto de palabras; es un espejo de la realidad, pero también es la herramienta que la construye. Lo que no se nombra, queda fuera del relato; lo que no aparece en la palabra, no tiene legitimidad en la vida pública. En ese sentido, la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas salvadoreñas no es una medida neutra ni “técnica”: es un acto político de invisibilización.
En una sociedad como la salvadoreña, marcada por desigualdades de género, exclusiones históricas y discriminación hacia minorías sexuales y de identidad, el lenguaje inclusivo se había convertido en una pequeña victoria simbólica: una manera de reconocer que existen otras formas de ser, de amar y de nombrarse. Decir “las y los estudiantes” no cambia por sí solo las estructuras de discriminación, pero sí abre la puerta a reconocimientos que son el primer paso hacia la dignidad. Negar esas palabras es negar esa dignidad.
El papel de la escuela en la reproducción (o transformación) de la sociedad
Prohibir algo en el sistema educativo tiene un peso enorme. La escuela no sólo transmite conocimiento: enseña lo que la sociedad considera legítimo y lo que considera prohibido. Cada norma impuesta desde el aula se convierte en un mensaje sobre cómo deben comportarse y quién tiene derecho a ser visible. Si un ministerio decreta que el lenguaje inclusivo no debe usarse, lo que está diciendo no es únicamente que ciertas palabras no son aceptables, sino que las realidades que esas palabras representan tampoco merecen reconocimiento institucional.
Esto es particularmente grave en un país donde el aula es, para miles de jóvenes, el único espacio de socialización con cierta estructura y acompañamiento. Un estudiante que se reconoce como no binario y que no encuentra en la escuela un lugar donde su identidad sea respetada, recibe un doble mensaje: por un lado, que su existencia es problemática; y por otro, que su derecho a nombrarse está prohibida y subordinado al poder estatal. Esa es una forma silenciosa pero contundente de exclusión.
Lenguaje inclusivo: resistencia frente a la discriminación
En sociedades que se transforman rápidamente, como la salvadoreña, el lenguaje inclusivo funciona como un espacio de resistencia frente a la discriminación. Ante la violencia simbólica, el acoso y las barreras estructurales, la posibilidad de decir “compañere” o “elle” es, para algunos, un gesto mínimo de libertad: la libertad de autoafirmarse frente a un entorno que les niega. Al prohibir ese gesto, el Estado no solo limita la lengua, sino también la capacidad de las personas de reinventar sus identidades en colectivo.
En contextos donde la discriminación crece o se normaliza, quitar herramientas de visibilización es, en el fondo, consolidar la desigualdad. El lenguaje inclusivo incomoda porque revela lo que muchos prefieren no ver: que hay vidas que no encajan en las categorías tradicionales, pero que igualmente existen y reclaman dignidad.
¿Qué sociedad queremos construir?
La medida de prohibir el lenguaje inclusivo en las aulas salvadoreñas revela una apuesta política por la uniformidad frente a la diversidad, por el control frente a la convivencia. La pregunta que queda abierta es: ¿queremos una sociedad que forme ciudadanos críticos, capaces de convivir en la diferencia, o una que eduque en el silencio y en la invisibilidad de los que no encajan en la norma?
Las palabras importan. No son simples adornos; son el marco en el que caben —o no caben— las vidas. Y cuando un Estado decide que ciertas palabras no pueden existir en su sistema educativo, lo que realmente está diciendo es que las personas que esas palabras representan tampoco tienen lugar en el proyecto de país que quiere construir.
Si el objetivo de la educación es abrir caminos hacia un futuro más justo, prohibir el lenguaje inclusivo es, sin duda, caminar hacia atrás.
