El 8M (8 de marzo), Día Internacional de la Mujer, se ha convertido en una jornada de lucha y resistencia para las mujeres en El Salvador. En el actual contexto nacional e internacional, esta fecha cobra una relevancia mayor y se torna con un sentido de urgencia. En un país donde el régimen de excepción se ha prolongado indefinidamente, donde una nueva ley de minería metálica amenaza los territorios y bienes naturales, y donde el miedo y la persecución pesan sobre lideresas y líderes comunitarios, marchar el 8M es un acto de valentía y resistencia, pero también en una necesidad impostergable.
En los últimos años, el régimen de excepción ha generado un clima de represión y miedo. Mientras el gobierno presume la reducción de homicidios y el control territorial, organizaciones de derechos humanos alertan sobre la detención arbitraria de miles de personas, entre ellas, mujeres que han sido criminalizadas sin el derecho a un debido proceso de justicia. Además, este estado de excepción ha limitado la organización y movilización de grupos feministas y lideresas comunitarias, quienes temen ser perseguidas o silenciadas por defender los derechos medioambientales de sus comunidades y de las mujeres.
A esto se suma la aprobación de una nueva ley de minería metálica, una amenaza latente para los territorios y el medio ambiente, que podría desencadenar conflictos socioambientales con impactos devastadores en las comunidades rurales, donde las mujeres juegan un papel clave en la defensa de la tierra y los recursos naturales.
Por su parte, la violencia de género y el aumento de feminicidios continúan acechando a las mujeres salvadoreñas. Pese a los discursos oficiales que buscan maquillar las cifras, la realidad es que el machismo estructural sigue cobrando la vida de muchas mujeres. En este contexto de injusticia, desigualdad y represión, el silencio no puede ser una opción. Las mujeres en El Salvador no solo enfrentan la violencia en sus hogares y calles, sino también por un Estado que ha debilitado los mecanismos de protección y justicia, dejando en el abandono a las víctimas.
A nivel global, el retroceso en derechos humanos y justicia social refuerza la importancia de salir a las calles. El 8M no es una fecha para celebrar, sino para denunciar, visibilizar y exigir cambios. La falta de políticas públicas con perspectiva de género, la criminalización de defensoras de derechos humanos y la imposición de proyectos extractivistas sin consulta comunitaria son razones suficientes para alzar la voz y resistir.
En tal sentido el llamado es a la unidad en las comunidades, es aquí donde siempre ha existido una fuerte tradición organizativa y de defensa de los derechos humanos, el 8M debe ser un llamado a la unidad. Las mujeres que han luchado por la memoria, la justicia y el territorio no pueden ser olvidadas ni dejadas solas. Marchar es un acto de acompañamiento y resistencia, pero también de esperanza: la esperanza de un país donde ser mujer no signifique vivir con miedo, donde la dignidad no sea un privilegio sino un derecho garantizado.
Hoy, más que nunca, el llamado es claro: el miedo no nos puede detener ni inmovilizar. Las calles, las plazas y las comunidades deben ser espacios de protesta y organización. La historia nos ha enseñado que los derechos no se conceden, los derechos se conquistan. Esa es la historia. El 8M es la oportunidad de demostrar que, a pesar de la represión y las amenazas, seguimos aquí, de pie y en lucha. Seguimos luchando.
