En una decisión que podría transformar la dinámica de desarrollo local en los municipios, la Asamblea Legislativa derogó la Ley del Fondo de Apoyo Municipal (FAM), eliminando el respaldo presupuestario de $50 millones anuales destinado a las alcaldías. Esta medida tomada, es resultado de las negociaciones y parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de $1,400 millones, que deja a los municipios cada vez con menos presupuesto y una menor capacidad de respuesta para implementar programas sociales y de desarrollo en los territorios.

El FAM fue creado en 2022 como un paliativo tras el recorte del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), que originalmente representaba el 8% del presupuesto nacional asignado a las alcaldías. En contraste, ahora los municipios sólo recibirán el 1.5% del presupuesto general, una cifra que, según expertos y líderes municipales, es insuficiente para cubrir las necesidades locales y los hará más codependientes del gobierno central.

Los diputados que aprobaron la derogación del FAM justificaron su decisión argumentando que dicho complemento presupuestario ya no era necesario. Sin embargo, luego de los recortes del FODES, este fondo había permitido que muchas alcaldías mantuvieran programas sociales esenciales en áreas como infraestructura comunitaria, la recolección de desechos sólidos, alumbrado público, programas sociales como becas estudiantiles, proyectos de emprendimiento, iniciativas para mujeres y jóvenes, así como programas dirigidos a los adultos mayores, recursos para respuesta a emergencias, mantenimiento de caminos y accesos en comunidades vulnerables, entre otros.

Para las alcaldías y comunidades más pequeñas, donde los ingresos propios son limitados, el FAM significó una tabla de salvación ante el recorte del FODES. Con su eliminación, muchas alcaldías enfrentarán serios y mayores desafíos para financiar proyectos clave, lo que repercutirá en el bienestar de las poblaciones más desfavorecidas. 

El recorte del apoyo a las alcaldías forma parte de las condiciones pactadas por el Gobierno salvadoreño con el FMI para acceder al préstamo de $1,400 millones. Este acuerdo incluyó en sus negociaciones la reducción de transferencias a los municipios como parte de un plan más amplio para mejorar las finanzas públicas del gobierno central.

Sin embargo, surgen preguntas sobre si estas medidas de austeridad se están implementando de manera equitativa. Mientras los municipios ven reducidos sus recursos, otros sectores del Gobierno no parecen haber sufrido ajustes similares en su presupuesto. 

Por otra parte, el silencio. Pese a saber y ser conscientes de todas las implicaciones financieras y de impacto negativo en los presupuestos para impulsar el desarrollo de los municipios, las alcaldías guardan un profundo silencio y se disponen a asumir el precio de las decisiones del gobierno central, mientras las comunidades  siguen esperando los beneficios del cambio y transformación prometidos con los nuevos municipios.

La eliminación del FAM podría tener consecuencias graves para las comunidades rurales y urbanas que dependen de los programas financiados por las alcaldías. Proyectos como la mejora y mantenimiento de caminos rurales, el acceso a agua potable, y la capacidad de respuesta a emergencias entre otros, se verán afectados, especialmente en municipios con menos capacidad para generar ingresos propios.

Además, la medida podría exacerbar la desigualdad entre municipios ricos y pobres, ya que las alcaldías con mayor recaudación local quizá tendrán posibilidades de mantener sus programas, mientras que las más pequeñas quedarán en desventaja. y una enorme codependencia del gobierno central.

La decisión de eliminar el FAM pone en entredicho el compromiso del Gobierno con el desarrollo territorial y la descentralización administrativa. Si bien las medidas de ajuste fiscal pueden ser necesarias para cumplir con los acuerdos internacionales, es fundamental evaluar su impacto en detrimento de  las poblaciones más vulnerables.

Organizaciones de la sociedad civil y expertos han señalado la necesidad de un diálogo más inclusivo entre el Gobierno central, las alcaldías y las comunidades para buscar soluciones sostenibles que no sacrifiquen el bienestar local de las comunidades. Mientras la población es testigo de cómo se transforma el centro de San Salvador y se construyen grandes proyectos turísticos y urbanísticos en playas, la brecha que margina y separa  las comunidades del progreso y desarrollo del país se amplía y profundiza, construyendo un El Salvador de espejismos que no responde a las necesidades reales de las comunidades. 

En un contexto donde las necesidades sociales siguen creciendo, la pregunta clave es: ¿quién paga realmente el costo de estas decisiones? ¿A quiénes se les continúa dando una medicina amarga y se les pide no quejarse?