Los habitantes de la comunidad Buena Vista, en Suchitoto, expresan su preocupación ante la perforación de dos nuevos pozos que podrían poner en riesgo la sustentabilidad y acceso al agua potable en la zona. La incertidumbre aumenta debido a la falta de información sobre el uso del bien hídrico y al temor de que la extracción excesiva afecte la cuenca que abastece al sistema de agua rural Buena Vista – Buenos Aires.
La comunidad Buena Vista se encuentra a unos 12 kilómetros de la ciudad, sobre la carretera que conecta a Suchitoto con Aguilares. Durante años, sus habitantes enfrentaron dificultades para acceder al agua potable en sus hogares. Antes de contar con un sistema comunitario de abastecimiento, debían ir al río o recurrir a la solidaridad de las comunidades vecinas para tener el vital líquido.
Gracias a la organización y lucha comunitaria, hace nueve años lograron consolidar el sueño de contar con su propio sistema comunitario de agua. Este fue el resultado de gestiones y el esfuerzo de mujeres y hombres para garantizar el acceso al derecho humano al agua. Hoy en día, la Asociación rural de Agua y Saneamiento Buena Vista – Buenos Aires (ARASBVA), administrada por la misma comunidad, abastece con el bien líquido a más de 61 familias.
Sin embargo, el esfuerzo que garantiza el acceso al agua potable enfrenta una nueva amenaza. La reciente perforación de dos pozos en la comunidad ha encendido las alarmas entre los habitantes, quienes temen que esta actividad ponga en riesgo la sustentabilidad del bien líquido. La población de Buena Vista señala que la extracción excesiva del agua podría afectar directamente la cuenca que abastece al sistema de agua.
El 19 de noviembre de 2024, la junta directiva del sistema de agua envió una carta a la Unidad Ambiental del Distrito de Suchitoto para expresar su preocupación por una resolución emitida por la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) donde otorga al señor Irineo Argueta Nolasco el permiso de exploración de aguas subterráneas para la perforación de un pozo, el cual se encuentra en el radio de influencia del pozo de ARASBVA. Los habitantes exigen al gobierno local que intervenga para revocar dicho permiso.
Como si esto fuera poco, una semana después la comunidad se enteró de la perforación de un segundo pozo, esta vez propiedad de la señora Santos Argueta, hermana de Irineo Argueta. Esta nueva situación aumenta la preocupación de los habitantes, pues desconocen si la ASA otorgó los permisos necesarios para dicha perforación. Ante la incertidumbre y conscientes del riesgo que esto representa para la sostenibilidad hídrica, han comenzado a organizarse y realizar acciones para defender su derecho al agua.
El 29 de noviembre, los líderes y lideresas de la comunidad realizaron una reunión a la que fue invitado el señor Argueta, para que informara a los habitantes sobre el uso que planea dar al agua que extraiga. Sin embargo, no acudió al llamado. A pesar de ello, la asamblea extraordinaria se llevó a cabo y en ella prevalecieron los comentarios de descontento ante tal situación.
“Qué lamentable que como comunidad creamos que la perforación de un pozo no nos va a afectar. Se corre el riesgo de que nuestros ríos se sequen. Hay que tomar conciencia. Estamos rodeados de problemas ambientales y tenemos que ver qué hacemos”, dijo una lideresa.
Quienes sí asistieron a la reunión fueron las organizaciones PROVIDA, PROGRESO, CRC y Colectiva Feminista, que están brindando acompañamiento y asesoría a la comunidad. También participó Virginia Murillo, jefa de la Unidad Ambiental del Distrito de Suchitoto, quien explicó detalladamente el procedimiento que la Junta Directiva del sistema de agua debe seguir para presentar una denuncia ante el Juzgado Ambiental.
Después de la reunión, se realizó una visita a la parcela donde se encuentran los nuevos pozos. Durante la inspección, se constató que estos tienen una profundidad aproximada de 100 metros y están ubicados a solo 250 metros del pozo que abastece al sistema comunitario de agua. Esta información fue corroborada por V. Murillo.
La Ley General de Recursos Hídricos de El Salvador, en vigencia desde el año 2022, incluye medidas de protección para evitar los impactos negativos entre sistemas de extracción cercanos y señala que se debe realizar una evaluación técnica para otorgar permisos. Esto implica considerar elementos como la capacidad del acuífero, ubicación y las características de los pozos existentes. Lo anterior permitiría que no se ponga en riesgo el abastecimiento del agua para la comunidad.
La comunidad, acompañada por organizaciones sociales y de mujeres, firme en la defensa del acceso al agua potable, seguirá realizando acciones para asegurar que su sistema comunitario no se vea afectado y que se respete el derecho humano al bien líquido.
Por Carolina Mena
