¿Qué pasó en la lucha contra la granja avícola Suchitlán?

La reciente inauguración de la granja Avícola Suchitlán en Suchitoto ha dejado un sabor amargo entre las comunidades que se opusieron férreamente a su instalación. Durante muchos meses, las vecinas y vecinos cerraron filas en una lucha comunitaria desde donde se organizaron con reuniones, asambleas, protestas, plantones, recolección de firmas, y una serie de denuncias sobre los potenciales impactos ambientales, sociales y económicos que este proyecto podría traer. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, las instalaciones se inauguraron oficialmente el pasado 26 de noviembre, dejando a muchos con una sensación de asombro y derrota frente a un sistema que a todas luces prioriza el desarrollo empresarial sobre el bienestar comunitario y ambiental.

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La lucha de las comunidades: ¿resistencia sin eco?

Desde que se anunció el proyecto, las comunidades vecinas se organizaron y levantaron su voz ante las posibles afectaciones a los mantos acuíferos, la contaminación del aire y el medio ambiente, además de la amenaza a la salud pública por los desechos que una operación de esta magnitud podría generar. Denunciaron la falta de consultas previas, obligatorias según las normativas ambientales, y criticaron el limitado alcance de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa.

A pesar de la presión popular, las autoridades municipales y nacionales, así como las instituciones encargadas de velar por el medioambiente, mostraron una actitud complaciente hacia la empresa, otorgando los permisos mínimos necesarios para operar. Esto refuerza una percepción recurrente: el interés económico sigue prevaleciendo sobre el respeto a las comunidades. Pese a la lucha comunitaria el derecho humano al agua sigue por debajo del interés económico y agroindustrial.

¿Quién ganó realmente?

Pese a que el proceso lo inicio la empresa Avícola Salvadoreña S.A de C.V. ha sido la Corporación Multi Inversiones (CMI) la encargada de su inauguración como una victoria empresarial económica importante.  Con una inversión de más de 8 millones de dólares, la corporación argumenta que el proyecto generará empleos, impulsará la economía local y fortalecerá el abastecimiento de productos avícolas con una capacidad para desarrollar y producir más de 3 millones de pollos al año en la región. Este discurso, solo es atractivo y lucrativo para el sector empresarial y del gobierno, pero deja de lado las preocupaciones ambientales y sociales de 9 comunidades, perjudicando a 2,800 familias aproximadamente, según censos. Entre las comunidades afectas están: La Mora, Mazateque, Nueva Consolación, Santa Eduviges, Santa Fe, Nuevo Renacer, Los Almendros, Haciendita I y II, La Asunción y Las Guaras.

Las autoridades locales y su silencio también se presentan como ganadoras, presumiendo la llegada de inversiones que, según ellos, traerán “progreso” al nuevo municipio Cuscatlán Norte. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿progreso para quién? Los pocos empleos generados (50) son en su mayoría temporales, mal remunerados y con frecuencia, de personas foráneas de las comunidades.

¿Quién perdió?

Pese a sus luchas, las comunidades vecinas son las grandes perdedoras. No solo se enfrentan a la realidad de vivir junto a una operación industrial que podría comprometer su calidad de vida, sino que también fueron ignoradas en un proceso donde su participación era crucial. Su derrota simboliza un golpe a la democracia local y a los derechos ambientales conquistados, que deberían ser garantizados y defendidos por las instituciones del Estado y municipales. La falta de determinación municipal en defensa de la declaratoria y ordenanza municipal del agua como un derecho humano frente a cualquier conflicto de interés sobre su uso, no fue suficiente para detener el voraz golpe de la agroindustria que en nombre del progreso pondrá en aprietos el futuro hídrico de Suchitoto.

El medioambiente también está en riesgo. Si bien la empresa asegura cumplir con normativas ambientales, el historial de este tipo de proyectos muestra que, con frecuencia, las regulaciones son insuficientes o se eluden con mucha facilidad ante la falta de controles de los entes responsables. Sin duda con el correr del tiempo los mantos acuíferos, vitales para las comunidades y la biodiversidad local, serán afectados irreversiblemente.

¿Una derrota definitiva?

La lucha contra la granja avícola Suchitlán evidencia las desigualdades en los procesos de toma de decisiones en El Salvador. La imposición de un proyecto rechazado por las comunidades refleja un sistema que prioriza intereses económicos a corto plazo, sacrificando el bienestar social y ambiental sin importar la voz y preocupaciones de sus ciudadanos.

Sin embargo, esta no tiene por qué ser una derrota definitiva. Las comunidades de Suchitoto tienen una larga historia de organización y resistencia. Este episodio debería ser una llamada a redoblar esfuerzos en la exigencia de transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de todas las normativas ambientales. También es un recordatorio de la importancia de fortalecer las redes de apoyo entre comunidades y organizaciones defensoras del medioambiente para enfrentar un modelo de desarrollo que quiere continuar perpetuando la exclusión y el abuso.

La apertura de la granja avícola Suchitlán es una victoria para las empresas y las autoridades que priorizan las inversiones sobre los derechos humanos, comunitarios y ambientales. Pero es también un llamado de atención: mientras la población no siga manteniéndose firme y exija con fuerza y constancia un modelo de desarrollo justo y sostenible, proyectos como este seguirán imponiéndose. La pregunta que queda es si Suchitoto, conocido por su historia de resistencia, podrá transformar esta aparente derrota en un nuevo impulso por redoblar la defensa de sus territorios y comunidades.