En la política local, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar que los ciudadanos comprendan y evalúen las acciones de sus gobiernos. Sin embargo, en muchas ocasiones, estas responsabilidades se eluden de manera deliberada. Muchas de las actuales administraciones municipales han optado por una lógica que, aunque pueda parecer inocua y simple, tiene profundas implicaciones para la gobernanza: la no presentación de un plan de gobierno municipal ni el acceso a la información de la situación económica y general de la municipalidad.

«Ya aburren con lo mismo» dirá usted, si es un lector continuo de este medio. Pero resulta que todo esto, puede que no sea algo casual o falta de recursos técnicos para hacer un plan o peor aún, que sea incompetencia de las autoridades, todo esto puede ser entendido -paradójicamente- como parte de otro plan, el de la opacidad.

La ausencia de un plan de gobierno: un cheque en blanco

Cuando una alcaldía no presenta un plan de gobierno, no solo está omitiendo una formalidad; está evitando asumir compromisos claros y medibles con la ciudadanía. Un plan de gobierno es la hoja de ruta que guía las acciones y prioridades de una administración a lo largo de su mandato. Establece metas, define proyectos, asigna recursos y, sobre todo, permite a los ciudadanos saber qué esperar de su gobierno.

La trampa está en el silencio. Al no presentar un plan de gobierno, la alcaldía se libra de cualquier compromiso concreto y escrito. Esto significa que no hay metas claras que cumplir ni tiempos que respetar. Si los ciudadanos no saben qué proyectos fueron prometidos, no pueden exigir resultados, y el alcalde y su concejo quedan exentos de rendir cuentas sobre su progreso o falta del mismo. Tan simple como eso. De esta manera, la alcaldía se asegura de gobernar sin ser molestada por las demandas de la población, que al no conocer las promesas o proyectos no tiene nada que reclamar, perpetuando un ciclo de desinformación para la ciudadanía, pero de cierta y relativa comodidad para el gobierno en turno. Si no hay un plan público, ¿cómo puede la población exigir que se cumpla? Se queda nada más a exigir le resuelvan lo mediático y urgente soslayando lo importante.

La caja negra de las finanzas municipales

La situación se agrava cuando la alcaldía tampoco informa sobre la situación económica de la municipalidad. Como sabemos la ciudadanía no tienen acceso a datos sobre los ingresos, los gastos administrativos, salarios, contrataciones, los proyectos en ejecución o las deudas existentes, pese a que esa información es oficiosa y debería ser pública. Esta opacidad en la gestión económica deja a la ciudadanía en la oscuridad total sobre lo que ocurre con los recursos que, en última instancia al ser recaudación de impuestos, pertenecen a todas y todos.

Sin información financiera clara, los ciudadanos no pueden evaluar si los recursos se están utilizando de manera eficiente o si se están malgastando. Tampoco pueden juzgar si las decisiones tomadas por la administración están alineadas con las necesidades reales de los distritos. En este contexto, la falta de transparencia no es solo una omisión; es una estrategia que beneficia a la gestión en la opacidad.

Es inadmisible que a un ciudadano se le exija el pago puntual de sus impuestos y las autoridades locales escondan su uso tras un velo de secretismo. No se puede pretender que el desarrollo de un municipio avance sin que sus habitantes tengan claro cómo se están manejando los recursos públicos. La confianza no funciona así. Pero tampoco se trata solo de saber cuánto dinero hay, sino de entender en qué se está invirtiendo y si esas inversiones responden a las necesidades reales de los distritos y sus comunidades.

La Lógica de la No-información

Es importante entender que esta falta de acceso a la información no es casual ni fruto de la incompetencia. Existe cierta lógica detrás de esta estrategia. Al no presentar planes ni informar sobre la situación económica, la administración evita ser sujeta a un escrutinio público riguroso. La ausencia de datos concretos impide que los ciudadanos puedan comparar las promesas con los resultados, o saber si se están usando correctamente o no los recursos y, por tanto, permite a los gobernantes actuar sin rendir cuentas, informando quizá en pequeños posts en redes sociales lo que ellos quieren.

Este vacío informativo también tiene un efecto desmovilizador. Cuando los ciudadanos no tienen claro qué está haciendo su gobierno ni cuáles son sus objetivos, es menos probable que se organicen para exigir cambios o mejoras. La falta de información contribuye a una apatía colectiva que, en última instancia, beneficia a quienes prefieren gobernar sin ser cuestionados. Culpar al pasado sin nunca hacerse responsables del presente sigue siendo la otra manera de contribuir también a esta apatía.

Si no se conoce el estado de las finanzas, si no hay un plan claro de trabajo, ¿cómo puede el pueblo hacer un seguimiento de la gestión? ¿Cómo puede reclamar si ni siquiera sabe qué esperar?

La necesidad de exigir transparencia

A pesar de esta estrategia, la ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia y rendición de cuentas. No es un favor que los gobiernos locales hace al informar; es una obligación que debe cumplir para garantizar una gobernanza justa y equitativa. Los ciudadanos deben reclamar la presentación de un plan de gobierno que defina con claridad las metas y proyectos de la municipalidad. Asimismo, es imperativo que se haga pública la nueva estructura organizativa del municipio con sus distritos, la situación económica y administrativa, incluyendo planillas, salarios, ingresos, gastos y deudas existentes.

La falta de información por parte de una municipalidad no debe ser aceptada como norma. Al contrario, debe ser vista como un motivo de preocupación y una señal de alerta. Es importante que los ciudadanos comprendan esta dinámica y reconozcan la estrategia y lógica detrás del silencio. Solo mediante la exigencia de mayor transparencia y la demanda de planes claros y específicos se puede romper este ciclo de opacidad. El poder de una comunidad reside en su capacidad para estar informada y para exigir a sus gobernantes que actúen con responsabilidad y compromiso.

La rendición de cuentas es un derecho, y sin ella, la ciudadanía está entregando un cheque en blanco a quienes gobiernan. Dejemos de conformarnos con las sombras y exijamos la claridad que merecemos.