En repetidas ocasiones se ha mencionado que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento y no apelables, esto quiere decir que el Estado salvadoreño tiene la obligación de cumplir con la resolución emitida por la CIDH sobre el caso de Manuela. Partiendo de este dictamen, las reparaciones a las que se refiere la sentencia deben influir en las decisiones judiciales de El Salvador. El impacto de esta sentencia es un gran reto para el órgano judicial en sus diferentes niveles.
En 1995 El Salvador aceptó voluntariamente la competencia contenciosa de la Corte IDH, esto quiere decir que las actuales autoridades no pueden evadir sus obligaciones internacionales. Sonia Rubio, abogada y politóloga, responsable de la oficina de DPLF El Salvador, mencionó en un foro de análisis sobre la sentencia del caso de Manuela, que el Estado tiene dentro de sus obligaciones no solamente el respeto y la garantía de los derechos humanos, sino que también tiene el deber de adopción de los estándares internacionales.
“A partir de esta sentencia, en este país ningún operador u operadora de justicia puede soslayar o desconocer la interpretación de la CIDH que en su sentencia ha dado sobre la criminalización de las mujeres, sobre todo en situaciones de pobreza”, agregó Rubio.
Además, dijo que la sentencia va a generar múltiples impactos a nivel político y que el Estado salvadoreño está obligado a organizar nuevamente toda su normativa e institucionalidad para poder evitar que situaciones como la de Manuela sigan ocurriendo, y que la impunidad en la decisión de las mujeres termine en el país.
A Manuela se le violentó el derecho a la vida privada, la revelación de su información personal, la cual no fue consentida por ella, dio pie a que el sistema judicial hiciera sus propias interpretaciones, sin más investigación.
“No se tomó en cuenta si se trataba de una emergencia obstétrica, el estado en el que encontraron a Manuela, la única línea de investigación era un aborto, eso fue provocado por el uso indebido de su información personal”, declaró Sandra Santos, panelista del foro, abogada y catedrática en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. En relación a esto, la Corte IDH ordena al Estado que actualice sus normas jurídicas.
La Corte IDH también reconoce que hubo discriminación interseccional, no solamente se criminalizó a Manuela por ser mujer sino que también hubo un conjunto de injusticias, las cuales, tomando de base la sentencia, no deberían volver a ocurrir.
“Que yo sepa ningún hombre puede ser sujeto a este tipo de persecución penal por una emergencia obstétrica, ya de por sí hay una distinción injustificada que no es una cosa cualquiera, ya implica un efecto nocivo”, expresa Rubio.
Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, expuso en el foro cuatro aspectos importantes que deja la sentencia a la sociedad civil salvadoreña y a las mujeres que son criminalizadas por emergencias obstétricas:
El primero, según lo dijo Herrera, tiene que ver con romper con el miedo de que al asistir a un centro de salud buscando atención médica, las mujeres puedan hacerlo sin temor a ser denunciadas y criminalizadas. El segundo significado importante de la sentencia es para el personal de salud y el secreto profesional. El tercero es que el caso de Manuela crea jurisprudencia para el continente y justicia para las mujeres de América Latina y el Caribe. Por último, Herrera hace mención que “Manuela es una oportunidad para la libertad de las mujeres que siguen encarceladas, condenadas y las que están siendo procesadas”.
La sentencia aborda una de las consecuencias de la penalización absoluta del aborto en El Salvador: la criminalización de mujeres pobres por complicaciones obstétricas, “este es un Estado que castiga a las mujeres pobres, a las vulnerables. Creo que lo que sigue es divulgar, organizar, necesitamos verificación del cumplimiento, lo que sigue es continuar interpretando esta sentencia y que ya no hayan más mujeres que sientan miedo de ir al hospital”, finaliza Morena Herrera.
21 días después de que la sentencia sobre el caso de Manuela se diera a conocer, el Estado salvadoreño sigue guardando silencio ante la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por Carolina Mena
