Dando seguimiento a la demanda por contaminación ambiental en el río El Molino, interpuesta por la Asociación Comunitaria Aguas del Tecomasuchi, el miércoles 1 de septiembre de 2021 el Juzgado Ambiental de San Salvador realizó una inspección técnica, como respuesta a la denuncia, en la Granja Avícola Galdámez para constatar los daños ambientales en la zona, los cuales se presume que están siendo ocasionados por dicha industria de aves.
“Estamos enfrentando varios problemas a consecuencia de la contaminación provocada por la operación de esta granja”, expresa Miguel Molina, de la Secretaria de Asuntos Ambientales de Aguas del Tecomasuchi. Dicen sentirse preocupados porque la infraestructura de la granja se siga expandiendo, ya que la ampliación que la estructura ha tenido en los últimos años ha sido la causante de varios de los problemas que ahora les aquejan, “toda la infraestructura que se ha construido en este espacio nos ha causado inundaciones en la parte del bombeo (…) una de las problemáticas que enfrentamos ahora es la inundación de nuestras cajas de captación”, agrega Molina.
La población afectada por la contaminación ambiental manifiesta desconocer si la Granja Avícola Galdámez cuenta con una planta de tratamiento que garantice el buen manejo de los desechos que produce la empresa, también ignoran si esta cuenta con los permisos, requeridos para operar, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Alcaldía Municipal de San Pedro Perulapán, jurisdicción donde se encuentra establecida la “pollera”.
Pasados unos minutos de las 10:00 a. m. del día miércoles las autoridades ya se encontraban presentes en el lugar para proceder con la inspección decretada por el Tribunal Ambiental, en esta también acompañaba un Juez Ambiental y el equipo multidisciplinario de la Unidad Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, quienes fueron recibidos por un grupo de personas de organizaciones sociales, juntas de agua y representantes de las comunidades afectadas. Debido al decreto Legislativo que prohíbe las concentraciones de personas para evitar contagios de Covid-19, la convocatoria para ejercer presión social a las autoridades no fue masiva.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, ha brindado apoyo jurídico a la Asociación Aguas del Tecomasuchi para realizar los procesos pertinentes que requieren las demandas ambientales, y también ha acompañado en la inspección con el propósito de verificar de primera mano la situación de contaminación ambiental que se sospecha provoca la Granja Galdámez.
A pesar que FESPAD solicitó en repetidas ocasiones ingresar, junto a miembros de la Directiva de Tecomasuchi, al interior de la granja y realizar también el recorrido de inspección, el acceso fue negado. “No se nos permitió ingresar con el equipo multidisciplinario de la Corte Suprema de Justicia (…) sin embargo estamos afuera, alertas, esperando los resultados y que el señor juez pueda darnos un par de declaraciones y esperamos que el Tribunal Ambiental dé el seguimiento que el caso amerita”, Ariela González, FESPAD.
El Juez Ambiental justificó el rechazo de la solicitud de representantes de la sociedad civil para acompañar la inspección como “interferir en su trabajo y las decisiones que se tomaran”.
Llegada la 1:30 de la tarde la inspección dentro de avícola aún continuaba, mientras las y los afectados esperaban ansiosos por una respuesta que haga liviana sus cargas y preocupaciones ante el problema, “los del equipo multidisciplinario y el Juzgado Ambiental salieron de la granja tipo 4:30 p. m. (…) nos preocupa porque no sabemos qué hicieron durante tanto tiempo. Solo salieron, no dijeron nada más y se marcharon. Esperamos que haya una respuesta un poco más certera en un lapso de 8 a 10 días. Ojalá que sea a favor de las comunidades”, comenta Arely Salas, de la Asociación de Sistemas de Agua Comunitarios de Suchitoto, AGUASUCHI.
Por ahora, Aguas del Tecomasuchi esperan que las instancias tomen en cuenta la medida cautelar solicitada y presentada en la demanda: el cierre definitivo de la Granja Avícola Galdámez.
¿Por qué debería alertar a las y los ciudadanos de Suchitoto el impacto ambiental que está provocando esta empresa industrial en la microcuenca del río El Molino? Aunque la raíz del problema no esté en Suchitoto, de dicho río se abaste la Empresa Municipal Administradora Suchitotence de Agua, EMASA, para beneficiar con el servicio de agua potable a más de 3,000 familias del casco urbano de la ciudad. La disminución del caudal de agua en el río, a causa de la sobreexplotación del bien líquido, provocará en Suchitoto un nivel alto de estrés hídrico. Por ello, desde La Gaceta hacemos énfasis en la importancia de mantener y fortalecer las luchas comunitarias por evitar que en los territorios se sigan instalando industrias que solo buscan beneficio y desarrollo para sus empresas.
Fotos cortesía de FESPAD y AGUASUCHI
