Dando seguimiento a nuestra campaña #SalvemosElLagoSuchitlán a partir de hoy compartiremos una serie de cuatro artículos redactados por el profesor Luis Barrientos, quien haciendo uso del ejercicio de la memoria histórica e investigación nos invita a conocer e indagar sobre los orígenes y consecuencias de la construcción del embalse Cerrón Grande, visto desde las riberas de Chalatenango, a través de los testimonios de algunas personas afectadas por el desplazamiento de más de 10 mil pobladores.

Existe una diversidad de documentos e informes publicados por organizaciones no gubernamentales y otros tantos estatales, que presentan estudios sobre el embalse Cerrón Grande a partir de la década de los 90s. Entre los temas de interés que fueron objeto de estudio está la calidad de vida de habitantes del lago artificial, la diversidad y ecosistema, y modos de producción que generan ingresos a los pobladores. Pero entre tanto cúmulo de datos que manejan las instituciones de gobierno, que deberían ser esenciales y de mucho resguardo, no existen datos sobre la historia original del Cerrón Grande. Han sido declarados INEXISTENTES por las entidades de gobierno.

Por Luis Barrientos

Embalse Cerrón Grande: un proyecto sin historia

Convergen distintos puntos de vista y fluyen análisis sobre lo ocurrido hace 40 años en Chalatenango y Cuscatlán, departamentos más afectados por la inundación del lago artificial Suchitlán o Cerrón Grande, como está también nombrada la central hidroeléctrica que originó la inundación. Bueno o malo, benéfico o perjudicial, ese es el criterio que aún no está claro. Alrededor de 12 mil personas fueron desplazadas, y otras 9 mil reubicadas, el otro porcentaje de la población sólo tomó una baja cifra monetaria para poder construir su hogar en otros lugares, o bien, poder migrar al extranjero o a las ciudades vecinas.

El impacto que causó la construcción de la presa, según periódicos oficiales y de circulación nacional en 1975, 1976 y 1977, plasma un punto de vista modernista, guiándose por la narrativa estatal del “progreso es para todos”. Lo cierto es que los reubicados aún consideran que lo ocurrido fue un robo y despojo. Cabe mencionar que en los años 70´s, en El Salvador, los gobiernos se identificaban y tomaban como modelos de referencia a las gestiones de los gobiernos mexicanos “priistas”, que según sus ejes estrategias era modernizar el país por completo a cualquier costo. Según el historiador, filósofo y docente universitario Ricardo Ribera, la planificación de la presa hidroeléctrica sobre el cauce del río Lempa fue desde hacía unos 20 años atrás, o sea en los años 50, cuando los modelos de exportación cayeron y fracasaron, ahí entro en juego el rol estatal de iniciar con proyectos modernistas a nivel centroamericano.

Los datos son inexistentes

Alrededor de la historia del embalse no hay documentación oficial que respalde todo el proceso del proyecto. La Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) no posee los documentos y datos que amparen las condiciones a través de las cuales se procediera a la negociación, compra y posterior venta de terrenos a los reubicados. De igual manera, no existe un número exacto de personas desplazadas, tampoco de las áreas inundadas. Los pocos dados que hay en la actualidad han sido proporcionados a través de investigaciones que fueron hechas por grupos que manejan y ejecutan proyectos en las zonas de Cerrón Grande. Y han sido recopilados mediante la participación y testimonio de las personas afectadas.

Luis Alvarenga, filósofo y sociólogo, explica que las posibles causas de este extravío de información yacen en el poco interés que los gobiernos de la época pudieron dar al proyecto. “Surgen aristas importantes para poder analizarlas. El proyecto del Cerrón Grande fue el primero que se realizó para generar energía eléctrica, pero es imprescindible que exista una documentación que explique el proceso que se llevó a cabo en los 70s”, agrega Alvarenga.

La creación de una ley que permita acceder a información pública facilita el proceso de conocimiento sobre el manejo que han tenido las instituciones de gobierno a lo largo de la historia contemporánea del país. Pero este medio de comunicación al consultar al Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre la medición de impacto ambiental que causaría la inundación, y consecuencias a futuro, proporcionó una respuesta, y esa fue que dicho ministerio aún no había sido creado y que no maneja dichos datos en sus registros históricos. De igual manera sucedió con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de su Oficina de Información y Respuesta aclaró que no posee los datos de impacto en la agricultura en la zona entre los años 1973 y 1977, años en los que ocurrieron las tres etapas de llena (inundación). Tampoco poseen información sobre el área total de terrenos cultivados que fueron inundados y el posterior impacto que causaría el cese de producción de cereales, frutas y verduras que eran cultivados en la zona.

Ambos ministerios remiten directamente a la CEL para que pueda proporcionar toda la información, pero la CEL negó a este medio una entrevista con el jefe de la Unidad de Proyectos y se limitó a responder a través de la OIR que tampoco posee datos, pues son muy antiguos. Según la carta de respuesta de la CEL no tiene documentos que indiquen montos de compras y ventas, total de desplazados y zonas inundas. La única información existente y que puede ser consultada en los medios institucionales de la CEL son los datos históricos sobre la construcción de la Central Hidroeléctrica. “Ellos (CEL) debería tener memorias de labores de la época, cheques de pago, convenios con cooperantes internacionales y datos específicos que fueron recopilados, obligadamente, para poder crear la presa y poder realizar la inundación, pero es sorprendente que se excusen con el argumento de no poseer datos”, añade Ricardo Ribera.

Los problemas de desinformación estatal podrían residir en múltiples factores, entre uno de ellos se puede dilucidar la falta de capacitación o de información a la población para poder acceder y ejercer su derecho de consultar los datos que maneja el Estado Salvadoreño. Otro factor yace en los oscuros intereses que pudo haber en la planificación de la obra, puesto que históricamente los gobiernos militares en El Salvador estaban bajo el mando de la oligarquía y élites económicas. Luis Alvarenga explica que las negociaciones que hizo la CEL pudieron estar relacionadas con los intereses de los dueños de las extensiones mayores de tierra que quedaron inundadas y que fueron pagadas con altas cifras monetarias. “A la población afectada con menos recurso la dejaron más pobre, el mismo factor económico y demográfico seguía existiendo. El discurso estatal sólo sirvió para persuadir al resto de la población que estaba muy alejada de esa realidad. Pero las consecuencias directas las asumieron todos los desplazados”, asegura Alvarenga.

Durante el conflicto armado entre 1979 y 1991, los edificios que ocupaban las oficinas de gobierno eran blancos de ataques que realizaba la guerrilla y el edificio de la CEL no fue la excepción. Miguel Saúl, sociólogo y antropólogo, aproxima un análisis ante esa vertiente. Explica que la falta de información podría deberse a dichos ataques, y durante ellos podría perderse información valiosa que contribuyera a comprender la historia del Cerrón Grande. “Me atrevería a decir que mucha información de Estado se perdió durante la guerra, porque las oficinas eran bombardeadas, tomadas o quemaban todos los documentos, pero entre tanta información tendrían que estar archivos que contengan documentación sobre el Cerrón Grande, más allá de aquella información que existe que se limita a establecer parámetros temporales y de proyección de la obra”, añade Saúl.

Un beneficio a base de pérdidas

En todo proyecto siempre hay un beneficio, aunque implique un desbalance para cierto sector social. No cabe duda que la construcción de la Central Hidroeléctrica contribuyó a que los precios de la energía eléctrica disminuyeran, y que a las arcas del Estado ingresaran fondos provenientes de la venta de este recurso a países centroamericanos vecinos. La edición de El Diario de Hoy del 13 de enero de 1977 anunciaba en un banner de página completa que, al siguiente día, 14 de enero, sería inaugurada la presa Cerrón Grande y que al evento asistirían los presidentes de Nicaragua y Guatemala y que pronunciarían su discurso en agradecimiento al gobierno de El Salvador por desarrollar dicho proyecto que beneficiaría a sus países a través de la compra de energía eléctrica barata. “Los gobiernos de corte conservadurista aplaudieron la decisión del proyecto, porque representaría un logro para sus países, pero más allá de ello no analizaron el impacto que causaría a la población local”, explica Luis Alvarenga.

Alvarenga, Ribera y Saúl coinciden con el argumento que tampoco sería previsto el impacto económico que representaría a la población desplazada, en este caso negativo. La población perdió sus cultivos, sus terrenos que servían para abastecer a gran parte del mercado local y centroamericano, tampoco se midió el índice de desempleo que provocaría la inundación de las zonas, puesto que muchos de los desplazados vivían únicamente de la agricultura. “El proyecto, no cabe duda, fue muy renovador  e innovador, pues conseguiría un beneficio para El Salvador, pero la mayor concentración de dinero siempre quedara en las élites de poder”, menciona Ricardo Ribera.

Es en ese sentido, donde este grupo de población estuvo obligada a buscar nuevas fuentes de empleo y planificar sus posibles inversiones y gastos. Otra parte de la población afectada simplemente decidió alzarse en armas y luchar por las injusticias a las que fueron sometidos. Este cúmulo de datos aún es desconocido por la población salvadoreña y la nueva generación. La historia del Cerrón Grande aún es un enigma y pertenece a un paso oscuro que un grupo social completo prefiere evitar abordar, pues implicó una reconfiguración completa de las dinámicas de vida, tanto sociales como económicas, donde las distintas aristas tomaron nuevas dimensiones y direcciones.

El filósofo Luis Alvarenga proporciona una visión actual sobre dichos procesos, y en él se integran elementos psicológicos, demográficos, políticos y sociales. “Existen distintos proyectos similares al del embalse Cerrón Grande, El Chaparral y Cimarrón son unos de los tantos. Sólo se hacen mediciones generales sobre beneficios a la economía y posicionamiento en indicadores de desarrollo, pero no hay elementos suficientes que puedan convencer al Estado de actuar con cautela y someter a un riguroso análisis sobre las posibles reconfiguraciones sociales que se podrían generar”, añadió Alvarenga.

El profesor Ribera alude a que el actual gobierno debe destinar insumos suficientes para realizar una investigación que dé datos acertados sobre el Cerrón Grande y que todos los elementos históricos puedan ser proporcionados a la población salvadoreña; y que también sirva como referente para estar informados sobre las consecuencias que puede causar estos proyectos.

El Estado salvadoreño una deuda histórica con los desplazados del Cerrón Grande, y en un futuro cercano, no pinta que dicha deuda pueda ser saldada. El reconocimiento a los afectados parece que no existe y es por ello que la historia del Suchitlán aún permanecerá en alguna gaveta de oficina pública o simplemente podrá ser borrada con el paso del tiempo y continuarán los argumentos que indiquen que la información sigue siendo inexistente.

Por Luis Barrientos (escrito en 2015).

Luis Barrientos Escobar, (Chalatenango, 1993). Graduado de la licenciatura en Comunicación Social, de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) 2016; máster en Alta Dirección de Empresas, de la Universidad Internacional de la Integración Latinoamericana, Managua, Nicaragua, 2019. A publicado para El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Revista VoxBox y Revista Distintas Latitudes. Actualmente es docente y administrativo escolar.